Según el acta de imputación, el magistrado habría ordenado la subasta pública de dos inmuebles que contaban con medidas cautelares vigentes y expectativa de comiso, en el marco de la causa vinculada al narcotraficante brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”.

Los fiscales solicitaron al Juzgado Penal de Garantías que comunique el pedido de desafuero del juez para que pueda ser sometido al proceso penal, y requirieron un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo.

Los hechos se remontan a agosto de 2020, cuando dos fincas de la estancia Nelly (N° 56 y N° 57), ubicadas en el distrito de Azote’y, Departamento de Concepción, pasaron a manos de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). 

Las propiedades estaban a nombre de la empresa Biocombustible Brasilero Biobras SA. En agosto de 2021, la firma Grupo Paraná SA inició una acción preparatoria de juicio ejecutivo contra esa empresa.

Senabico y los abogados de Biobras intentaron frenar el proceso, pero el juez Sánchez rechazó los pedidos. Documentos demuestran que el magistrado fue informado por Senabico, Registros Públicos y los propios abogados de que las fincas estaban comisadas y tenían prohibición de innovar. Aun así, el 11 de octubre de 2023 ordenó la venta en subasta pública. 

La subasta se realizó el 8 de noviembre de 2023 y los inmuebles fueron adjudicados a un representante de Grupo Paraná SA: la finca N° 56 por G. 1.500 millones y la N° 57 por G. 500 millones. El 28 de noviembre el juez aprobó el remate.

Posteriormente, el Grupo Paraná intentó inscribir los bienes. El 17 de abril de 2024 el juez ordenó la inscripción preventiva, pero la Dirección General de los Registros Públicos emitió una nota negativa y rechazó el trámite por las medidas cautelares vigentes dictadas por la jueza penal Lici Sánchez.

Los fiscales sostienen que Sánchez Zaracho tenía pleno conocimiento de las medidas cautelares y, pese a ello, avanzó con la subasta, lo que habría intentado frustrar el comiso de los bienes. El magistrado ya había sido cuestionado anteriormente por otras actuaciones, incluyendo una auditoría de la Corte Suprema sobre un remate similar vinculado al mismo caso.

La investigación se extendió por tres años. Ahora el proceso avanza hacia el eventual desafuero del juez para que responda ante la Justicia.