Las iniciativas plantean distintas medidas para contener la expansión de la oferta universitaria y fortalecer los mecanismos de control sobre las instituciones de educación superior.
Una propone una moratoria de dos años para la creación de nuevas universidades e institutos superiores privados, mientras que la otra plantea una suspensión de cinco años para instituciones públicas y privadas, además de restringir la habilitación de nuevas carreras y sedes de Derecho y Medicina.
La Comisión de Educación y Cultura, presidida por la senadora liberal Hermelinda Alvarenga de Ortega, recomienda al pleno aprobar ambos proyectos con modificaciones.
Dos propuestas, distintos plazos
El primer proyecto fue presentado por los senadores Yolanda Paredes, Rafael Filizzola, Esperanza Martínez, Ignacio Iramain y Lucía Mendoza.
La iniciativa plantea suspender durante dos años la creación de nuevas universidades e institutos superiores privados, con el objetivo de revisar los mecanismos de control, fortalecer la evaluación académica y priorizar la calidad educativa.
La segunda propuesta, impulsada por ocho senadores del Bloque Democrático, Celeste Amarilla, Esperanza Martínez, Rafael Filizzola, Rubén Velázquez, Líder Amarilla, Éver Villalba, Ignacio Iramain y Eduardo Nakayama, establece una moratoria de cinco años para la creación de universidades públicas y privadas.
Además, plantea suspender durante ese periodo la habilitación de nuevas carreras, facultades, filiales, sedes, subsedes y extensiones de Derecho y Medicina.
ANEAES y el MEC
La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) respalda la propuesta de establecer una moratoria de dos años, como parte de las medidas orientadas a fortalecer los controles y la calidad académica.
Por su parte, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) advierte sobre los posibles efectos de una suspensión de este tipo, en un debate que enfrenta la necesidad de mejorar la regulación del sistema universitario con las eventuales consecuencias de limitar la apertura de nuevas instituciones y carreras.
El caso Hernán Rivas
La discusión legislativa se da tras la condena del exsenador Hernán Rivas a ocho años de prisión por producción y uso de documentos públicos de contenido falso vinculados a su título de abogado.
El caso generó cuestionamientos sobre los mecanismos de verificación de antecedentes académicos y los controles aplicados a los títulos universitarios. Rivas llegó a ocupar una banca en el Congreso y a representar al Senado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), mientras su formación académica era objeto de controversia.
