En una entrevista concedida a La Tribu 650 AM, Peña sostuvo que la corrupción no es un fenómeno nuevo y que forma parte del diagnóstico realizado sobre el sistema penitenciario. Entre las principales propuestas mencionó la adquisición de inhibidores de señal, equipos capaces de detectar comunicaciones irregulares y escáneres similares a los utilizados en aeropuertos.

"Nosotros tenemos un grave problema de corrupción, eso no es algo nuevo tampoco y hay que reconocer eso", afirmó el funcionario.

Según explicó, la tecnología disponible permitiría mejorar los controles y limitar la comunicación ilegal desde el interior de los establecimientos penitenciarios, donde persiste el hallazgo de teléfonos celulares y otros elementos prohibidos.

Peña también planteó la creación de un grupo especial de operaciones, integrado por personal específicamente formado para actuar en el ámbito penitenciario. "Hemos propuesto la creación de un grupo especial de operaciones, una especie de agrupación especializada, pero especializada en penitenciaría", señaló.

La advertencia se produce en medio de reiterados episodios que volvieron a evidenciar las falencias del sistema. En julio pasado, una requisa en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo permitió incautar más de 500 teléfonos celulares, además de armas de fabricación casera y otros objetos prohibidos. El hallazgo derivó en la intervención del penal y el apartamiento de sus administradores.

La situación tampoco es ajena a Minga Guazú, uno de los centros penitenciarios presentados como de máxima seguridad. Durante los últimos meses se registraron hallazgos de celulares, drogas y armas blancas, además de cuestionamientos sobre la falta de personal especializado para el monitoreo y control de la infraestructura.

El propio Ministerio de Justicia reconoció recientemente que el sistema aún enfrenta desafíos para impedir el uso de teléfonos dentro de las cárceles. En julio, el ministro Rodrigo Nicora confirmó que la institución no contaba todavía con inhibidores de señal y anunció gestiones para incorporar esta tecnología, aunque su instalación depende también de las condiciones de ubicación de cada penal.

Mientras el Gobierno destaca los avances del denominado Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria y los traslados realizados mediante los operativos Umbral, los constantes hallazgos de celulares, drogas y armas vuelven a poner en evidencia que el desafío no se limita a la infraestructura. La corrupción interna, la falta de recursos tecnológicos y la necesidad de personal especializado continúan siendo puntos críticos para evitar que las cárceles sigan funcionando como centros de operaciones criminales.