La iniciativa fue presentada por los diputados José Rodríguez, de Capital, y Liz Acosta, de Alto Paraná, ambos de la Asociación Nacional Republicana (ANR). Para concretar el cambio proponen modificar el artículo 362 de la Ley Nº 879/1981, Código de Organización Judicial.

En caso de convertirse en ley, la primera feria se extendería del 1 al 15 de enero y la segunda tendría lugar del 1 al 15 de julio. De esta manera, magistrados, funcionarios y auxiliares de justicia conservarían los 30 días de receso contemplados actualmente, aunque distribuidos en dos momentos diferentes del año.

Los impulsores argumentan que mantener prácticamente paralizada buena parte de la actividad jurisdiccional durante un mes completo genera consecuencias sobre el funcionamiento del sistema y contribuye a retrasar la tramitación de expedientes.

Uno de los principales argumentos es que la feria concentrada durante enero termina afectando la celeridad de los procesos y puede profundizar la mora existente en juzgados y tribunales. Al dividir el periodo, consideran que podría reducirse el impacto de una interrupción prolongada y distribuirse de manera más equilibrada la carga de trabajo durante el año.

El proyecto contempla que los plazos procesales permanezcan suspendidos durante los dos periodos propuestos, salvo aquellas causas o actuaciones que por disposición legal o por su naturaleza deban continuar tramitándose.

La Corte Suprema de Justicia tendría además la responsabilidad de organizar el funcionamiento de las dependencias indispensables durante ambas ferias. Para ello deberá establecer juzgados y tribunales de turno y disponer del personal necesario para garantizar la atención de los casos que no puedan quedar suspendidos.

La propuesta también pone el foco en los abogados que ejercen de manera independiente. Los proyectistas sostienen que la paralización prolongada de la actividad jurisdiccional repercute directamente sobre el trabajo y los ingresos de los profesionales que dependen de la tramitación de causas.

Según esta postura, reemplazar un mes completo de receso por dos periodos más cortos permitiría mantener una mayor continuidad en la actividad profesional y disminuir el impacto económico que genera actualmente la feria de enero.

La incorporación de un descanso a mitad de año también es defendida como una alternativa para distribuir mejor los periodos de recuperación de magistrados, funcionarios y demás trabajadores del Poder Judicial. Los legisladores consideran que un receso adicional en julio permitiría compatibilizar el descanso con la necesidad de mantener una administración de justicia activa durante la mayor parte del año.

Los autores de la iniciativa señalan además que otros sistemas judiciales han avanzado hacia esquemas de funcionamiento continuo o recesos distribuidos, en reemplazo de largas interrupciones de la actividad.

La propuesta deberá ahora atravesar el proceso legislativo correspondiente. De obtener el respaldo del Congreso y convertirse en ley, enero dejaría de concentrar los 30 días de feria judicial y el Poder Judicial pasaría a contar con dos recesos de 15 días cada uno durante el año.