Lo llamativo de la causa es que tanto el demandante, el dirigente deportivo Cristhian María Domecq Pico, como el deudor Luvinel Antonio Torres ya fallecieron.

La deuda de G. 15 millones data del año 2000 y se había iniciado un juicio ejecutivo.

En la demanda se hicieron figurar que la propiedad en cuestión se encontraba en Ypacaraí, pero la notificación nunca llegó, denunció Edith Gabriela Torres Martínez, hija de Luvinel Torres.

Luego de unos años, el abogado Ariel Prieto Boggino quedó adjudicado con los derechos y acciones sobre la demanda, por lo que continuó impulsando el proceso en vez de Domec Pico.

El caso finalmente llegó a remate y las víctimas no tenían conocimiento de ello.

Cuando se enteraron, recién en el 2013, la familia del demandado inició una acción autónoma de nulidad para frenar el remate y que les saquen la vivienda familiar, explicó el abogado Rubén Allende.

VENDIDO DOS VECES. El caso quedó paralizado con una acción de inconstitucionalidad ante la Corte y mientras tanto, el abogado Prieto Boggino logró transferir la propiedad a la empresa Iguazú Sociedad Anónima.

Edith Gabriela Torres comentó que esta firma a su vez transfirió la casa a un tercero, identificado como Emigidio Olmedo Portillo, quien actualmente es el que busca sacarle el inmueble a la familia, a través de un juicio de desalojo.

Según la denunciante, la vivienda tendría un valor aproximado de G. 1.500 millones y el remate se hizo por el 1% de su valor. La mujer comentó que los propios herederos de Cristhian Domec Pico habrían cuestionado el llamativo proceso judicial y de que otro abogado terminó siendo el adjudicado.

“Lo único que pedimos es que la Justicia revise profundamente todo lo ocurrido y garantice que nuestra familia pueda acceder a una decisión transparente y ajustada a derecho”, manifestó Edith Torres.

La familia recurrió a la Comisión que investiga la mafia de los pagarés en el Senado a pedir ayuda para así evitar perder la propiedad.