Martínez Isasi, bajo patrocinio del abogado Carlos Antonio Torres Aguilera, había recurrido la resolución dictada por el Tribunal de Apelación Penal del Fuero Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado de la Primera Sala. Esta Alzada había confirmado el AI del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción que dispuso acumular por conexidad las causas “Francisco Goiburú Martínez s/ prevaricato” y “Julio César Martínez Isasi y otros s/ prevaricato y otros”.

Los ministros Alberto Martínez Simón, Luis María Benítez Riera y María Llanes concluyeron que la resolución cuestionada no puede ser atacada mediante un recurso extraordinario de casación, debido a que no pone fin al procedimiento, no extingue la acción ni la pena y tampoco se encuentra dentro de los demás supuestos establecidos en el artículo 477 del Código Procesal Penal.

Por el contrario, los ministros señalaron que la decisión cuestionada tiene como efecto precisamente dar continuidad al proceso, mediante la acumulación de ambos expedientes y la realización de un único juicio oral y público. Por ese motivo, declararon inadmisible la casación sin entrar a analizar el fondo de los cuestionamientos planteados por la defensa.

La acusación fue presentada por la entonces fiscala de Delitos Económicos Natalia Cacavelos, actualmente jueza de Sentencia, y es sostenida en juicio por el fiscal Leonardi Guerrero. La Fiscalía atribuye al entonces juez de Paz de Ybycuí Francisco Goiburú haber dado trámite a una acción civil pese a que, según la acusación, no estaban reunidas las condiciones legales para hacerlo.

El caso se remonta al 8 de noviembre de 2021, cuando Goiburú dio por iniciada una acción preparatoria de juicio ejecutivo promovida por Julio César Martínez Isasi contra Reinaldo Benítez Gómez. El trámite se sustentó en un recibo por G. 24.500.000 y posteriormente derivó en un embargo y en el secuestro de un camión Mercedes Benz modelo 814, año 1997.

La Fiscalía sostiene que los documentos utilizados como base de la demanda no tenían fuerza ejecutiva suficiente y que la firma obrante en un contrato privado de compraventa del vehículo no correspondía a Reinaldo Benítez. En la causa, Martínez Isasi y Benítez Gómez fueron acusados por supuesta apropiación y como cómplices de prevaricato.

El proceso está a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción N.º 1 de la Capital, presidido por Ana de Jesús Rodríguez Brozón e integrado por Yolanda Morel y Karina Jazmín Cáceres.