La medida fue dispuesta mediante la Resolución N° 238/DGEP/2026, con el objetivo de fortalecer el control y la disciplina dentro del sistema carcelario nacional. El operativo se desarrolló bajo estrictos protocolos de seguridad y contó con el apoyo de efectivos de la Policía Nacional, concluyendo sin incidentes.

El traslado responde a labores de inteligencia estratégica que detectaron irregularidades en el penal de origen, incluyendo privilegios indebidos y el acceso a objetos prohibidos. Con esta acción, el Ministerio de Justicia busca desactivar cualquier intento de quebrantar el orden interno.

Desde la cartera de Justicia enfatizaron su política de «tolerancia cero» ante cualquier acto que vulnere la gobernabilidad de los centros penitenciarios. Asimismo, confirmaron que se mantienen abiertas las investigaciones administrativas para deslindar responsabilidades.

En caso de comprobarse complicidad o negligencia por parte del personal penitenciario en los hechos detectados, las autoridades adelantaron que se aplicarán las sanciones disciplinarias y acciones legales más rigurosas que establece la normativa vigente.