El planteamiento forma parte de un pronunciamiento sobre la crisis de Ueno Bank y la nueva etapa política que atraviesa el país. La Iglesia considera que el mandatario debe evaluar objetivamente el funcionamiento y los resultados de los ministerios y demás instituciones del Poder Ejecutivo.
En ese sentido, solicitó que se realicen cambios donde la evaluación lo aconseje y se saneen las áreas que presenten deficiencias, confiando su conducción a personas idóneas y capaces.
El Arzobispado aclaró que el pedido no implica descalificar a los funcionarios que están cumpliendo adecuadamente sus tareas, sino responder al reclamo ciudadano de resultados, recuperar la confianza en las instituciones y mejorar la imagen del país.
También instó a Alliana a abrir espacios de diálogo con la oposición y convocar a hombres y mujeres capacitados, sin distinción de bancadas ni afiliaciones partidarias, para ocupar cargos de confianza.
La Iglesia recordó que el actual periodo constitucional concluye el 15 de agosto de 2028 y consideró que el tiempo restante debe dedicarse a la gestión y al servicio del país, sin subordinar las decisiones a cálculos electorales o intereses partidarios.
CRISIS DE UENO BANK
El pronunciamiento también aborda la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay (BCP), que, según el Arzobispado, puso de manifiesto una profunda crisis en el sistema financiero y en los mecanismos de supervisión.
La Iglesia reconoció que la devolución inicial de recursos a los depositantes mediante el seguro de garantía de depósitos representó un alivio, pero advirtió que todavía no se conoce el impacto total de la crisis ni se completó la recuperación de los fondos de personas, empresas, organizaciones e instituciones del Estado.
Por ello, instó al Ministerio Público a intensificar las investigaciones, rastrear los recursos y bienes vinculados al caso y determinar si existió sustracción o desvío de fondos, además de identificar a los eventuales responsables.
TRANSPARENCIA Y CONTROL DE FONDOS PÚBLICOS
Entre sus propuestas, el Arzobispado pidió publicar periódicamente la deuda con proveedores y la nómina estatal, además de informar cuánto costará la compensación a los afectados por la crisis bancaria y de dónde saldrán los recursos.
También reclamó establecer reglas claras sobre dónde y bajo qué límites se depositan los fondos del Estado y del Instituto de Previsión Social (IPS), con información pública mensual.
En materia de contrataciones, solicitó limitar las incorporaciones a las estrictamente necesarias, realizar concursos transparentes y aplicar precios de referencia. Asimismo, planteó promover compras conjuntas de medicamentos entre el Ministerio de Salud y el IPS.
Otro de los pedidos apunta a garantizar la neutralidad del Estado durante las internas partidarias de 2027 y las elecciones generales de 2028, y que el presidente Alliana se concentre en su gestión hasta completar el periodo constitucional.
Finalmente, la Iglesia aclaró que no reclama reformas estructurales, sino compromisos concretos, con plazos definidos y resultados verificables. Sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a conocer los resultados de la gestión y exigir rendición de cuentas.
