Los fiscales tardaron en emprender varias acciones desde aquel aciago martes 3 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció el procedimiento de resolución de ueno bank.

Con mucha demora decidieron el allanamiento de la mansión veraniega del ex presidente Santiago Peña, ubicada en la zona de Ciervo Cuá, ciudad de San Bernardino, en el marco de la causa. Como informaba la Fiscalía, la diligencia formó parte de las actuaciones investigativas tras la imputación de Peña por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor.

A esto le siguió el gran espectáculo que por varias horas supuso la dificultad para abrir la bóveda de nivel 7 con tecnología israelí que encontraron oculta en la casa de verano del ex presidente. Al final, cuando la abrieron la encontraron vacía.

Así también hubo demora para que los fiscales ingresaran a la residencia presidencial Mburuvicha Róga, varios días después de haber explotado el escándalo de la caída de ueno bank. Esto ha tardado, pero configura sin duda un hecho histórico.

Sin embargo, si de demoras y lentitud para reaccionar hablamos, resalta la denuncia presentada hace un año por un grupo de diputados y senadores de la oposición. En aquella presentación ante el Ministerio Público, pedían una investigación del crecimiento patrimonial de los últimos años de Santiago Peña.

De hecho que en el punto 1 del libelo acusatorio para el juicio político del fiscal general se menciona la conducción deficiente de la investigación del caso ueno. De acuerdo con el libelo, la culpa que encuentran en el caso por parte de Rolón es por no encarar de manera correcta, menos aparatosa y con el fin de conseguir más resultados para que no se “pierdan evidencias valiosísimas” del caso.

“Tras el inicio del procedimiento de resolución de UENO BANK (en adelante, ‘UENO’) por el Banco Central, la Fiscalía imputó a 27 personas y estima un perjuicio al Estado superior a USD 815 millones. Sin embargo, el propio fiscal general admitió el 9 de noviembre de 2026 que los investigadores ‘perdieron de vista’ incautar el teléfono de Peña y justificó que no se allanara la residencia presidencial porque los agentes están sobrepasados”, expresa la primera parte del libelo.

El cargo 2 es sobre retención por siete meses de la denuncia por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y administración en provecho propio contra el presidente Peña; el cargo 3 es por la inacción ante los “sobres del poder” denunciados por Luz Candado. El libelo relata de manera cronológica y detallada el caso suscitado en septiembre de 2025, que tiene como protagonista a Luz Candado, ex encargada de tareas domésticas en Mburuvicha Róga, que tuvo notoriedad pública, pues fueron hallados sobres con dólares en la residencia presidencial. El libelo señala la inacción del fiscal general, pues los elementos de este caso recién se ven en la imputación actual.

En cuanto al cargo 4, se trata del reclamo de funcionarios del Laboratorio Forense, quienes en mayo de 2025 solicitaron la intervención de la dependencia ante la situación insostenible que atravesaban. Esta dependencia es fundamental para coadyuvar a los agentes fiscales en la investigación de los casos, a través de pericias contables, documentológicas, informáticas, entre otras, pero aquí se denunciaban renuncias y traslados masivos, sobrecarga de trabajo, falta de insumos básicos como CD, cámaras fotográficas, licencias actualizadas y muchas otras carencias. Según los funcionarios, se volvió técnica y humanamente imposible cumplir sus labores sin las herramientas básicas.

La estafa que ha afectado a millones de paraguayos y paraguayas merece una mejor gestión de la Fiscalía. El fiscal general y todos los agentes deben recordar que el Ministerio Público es un órgano que representa a la sociedad, para velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales, promover la acción penal pública en defensa del patrimonio público. No es momento para ser complacientes con los poderes  políticos y económicos. La ciudadanía está atenta a sus acciones y ya no acepta tanta impunidad.