De acuerdo a las investigaciones, Joaquín Roa Burgos, por medio de un contrato privado de compra venta, sin certificación de firmas, suscrito con el Grupo Tapyracuai S.A. y de pagarés por la cual se obligaba a pagar un saldo de U$ 85.000 en cuotas, intentó justificar la procedencia y adquisición de la embarcación valorada en Gs. 3.200.000.000 de acuerdo a su declaración jurada presentada en la CGR o de USD 450.000 de acuerdo al contrato privado suscrito entre ambos acusados el 22/08/2018, sin embargo se ha logrado determinar que dicha transacción comercial en realidad no existió y solo se trató de una simulación realizada en acuerdo por ambos acusados, para asegurarle al funcionario público el disfrute del bien obtenido de manera ilícita, expresa la acusación formulada por Silvio Corbeta. 

Con la finalidad de no revelar la verdadera procedencia de la embarcación Azimut, Roa Burgos nunca registró el bien ante la Dirección General de los Registros Públicos ni ante la Prefectura Naval, encargada de habilitar la navegación, en la cual no existe registro de la citada embarcación ni de su propietario el hoy acusado. Tampoco quedaron registros tributarios ante la SET de la citada operación de compra venta con el Grupo Tapyracuai. 

De acuerdo a la factura (comercial invoice) librada por Azimut Yacht la misma fue vendida al Grupo Tapyracuai por U$S. 377.000 incluyendo el flete, embarcación que fue encontrada en poder y a disposición de Roa Burgos, sin que a la fecha exista documentación respaldatoria suficiente que justifique su adquisición. 

Posteriormente, en febrero de 2.022 dicha embarcación fue incautada en el marco del Operativo A Ultranza PY a cargo de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público y al efecto de solicitar la devolución del referido yate, Joaquín Roa presentó al Ministerio Público un contrato privado de compra venta de la citada embarcación valorada en 450.000 USD suscrito con Alberto Koube, del Grupo Tapyracuai S.A., que sin embargo no cuenta con una certificación de firmas ni fecha cierta de celebración del acto jurídico, que claramente resulta en un indicativo en una conducta relacionada a lograr la ocultación y al autolavado. 

Curiosamente en marzo del año 2.022, al momento del cese de sus funciones como Ministro de la SEN, declaró la propiedad de la embarcación valorada en G. 3.200.000.000 cuando se toma conocimiento público que un Ministro del Poder Ejecutivo era propietario de un yate valuado en U$ 450.000 incautada, surgiendo serias sospechas de un presunto enriquecimiento ilícito de su parte, lo que motivó la apertura de la presente investigación tras una comunicación realizada por la Unidad Especializada de Lucha c/ el Narcotráfico, así como de las sospechas de la existencia de un supuesto nexo con el lavador del grupo criminal que estaba siendo investigado en la causa “Miguel Angel Insfrán y otros s/ Tráfico de Drogas, Lavado de activos y otros” Alberto Koube, que a estas alturas ha sido suficientemente acreditada Joaquín Roa Burgos. 

De esta manera Joaquín Roa Burgos, desde el momento en que recibió el yate de manera indebida de su asociado Alberto Koube Ayala, ocultó el bien lo que le permitió el uso y disfrute del mismo, tampoco registró ni tituló a su nombre pero posterior a su salida de la función pública en febrero del 2022, intentó brindar una apariencia lícita a dicha adquisición ante la Contraloría General de la República y con la misma finalidad, presentó ante el Ministerio Público un contrato privado realizado con Alberto Koube que a estas alturas luego de concluida la investigación resultó ser ficticio, para acreditar su propiedad y requerir la devolución del objeto proveniente de hechos antijurídicos. 

De estos hechos se desprende que existió por parte de Joaquín Roa una obtención de un bien proveniente de un hecho antijurídico (hechos de corrupción), posteriormente ocultó y simuló su procedencia, de bien cuyo valor ascendía a USS. 450.000 (dólares Americanos Cuatrocientos cincuenta mil), el que a su vez se traduce en un incremento de su patrimonio de Gs. 3.200.000.000 (tres mil doscientos millones de guaraníes) y/o de 450.000 USD que ha recibido de Alberto Koube Ayala, quien a su vez, fue beneficiado por el Ministro de la SEN Joaquín Roa con la adjudicación de al menos 11 (once) licitaciones públicas por aproximadamente G. 16.080.000.000, cuyos pagos se han dispuestos con recursos públicos de la Secretaría Nacional de Emergencia.

El Observador