“A veces, los planteamientos que se hacen son meramente dilatorios, porque se plantean con el fin de evitar ejecuciones de resoluciones que fueron confirmadas en segunda instancia. Esto no implica que no pueda existir vulneración constitucional, esto al final son los ministros los que van a decidir; pero la estadística y la forma de comportamiento de los expedientes recepcionados en Secretaría, demuestran que los planteamientos se hacen al solo efecto dilatorio”, explicó Pavón.

“¿De dónde surge esa conclusión? De la dejadez del mismo accionante. En el informe se da el número de muchas caducidades, lo que implica que no hubo movimiento por parte interesada, no cumplió la carga procesal de hacer avanzar el proceso y dejó a su suerte la acción planteada. Lastimosamente, independientemente a eso, eso hace que esto siga todo el tiempo cargado, ingresando expedientes, mezclándose expedientes con aquellos que probablemente razón para ser estudiado. Pero ¿qué pasa? Al estar mezclado, al haber ingresado por el mismo conducto de las acciones planteadas de manera meramente dilatoria, hace que también hacen que insuma la misma cantidad de funcionarios y de trabajo. Entonces, es difícil a veces dar una respuesta a este tipo de problemática, cuando el mismo ordenamiento procesal permite que se planteen a mansalva las acciones de inconstitucionalidad”, apuntó.

“Están las acciones de inconstitucionalidad propiamente dichas, que son planteadas contra ley, un instrumento normativo, contra un cuerpo normativo. Esas son acciones, que tienen otra naturaleza con relación a aquellas acciones que se plantean en el marco de procesos judiciales. Yo me refiero a eso. En ese contexto, el 90 por ciento de las acciones que se plantean son meramente dilatorios. Ese 10 por ciento, normalmente los ministros como su grupo de trabajo analiza con mucho cuidado, con mucho celo, el análisis, primero de admisibilidad y después de fundabilidad. Pero el 90 por ciento de las acciones son al solo efectivo dilatorio. Esa estadística te puede dar la cantidad de caducidades que se están produciendo”, señaló el funcionario.

¿Cuál sería el filtro, la solución?

“Un principio que realmente sería la vértebra de todo proceso es el de la buena fe. Sería una cuestión cultural, por el mecanismo legal no se puede evitar eso, porque el proceso habilita el planteamiento. Cuando te hablo del principio de buena fe, hablo de la exigencia que debe haber de aquellos planteamientos cuando se tiene realmente derecho de hacerlo. Si no hay ese planteamiento, la Corte con su facultad disciplinaria, como superintendencia puede plantear algún tipo de mecanismo que haga a la sanción de aquellos planteamientos que sean innocuos, que sean en vano, que sean meramente dilatorios. La Corte podría hecha mano a la exigencia del ejercicio de buena fe en el planteamiento de los derechos”, refirió el secretario de la Sala.

Según los datos proporcionados por Pavón, de enero a junio de este año, se presentaron 1260 acciones de inconstitucionalidad, 67 excepciones de inconstitucionalidad, 32 consultas de constitucionalidad, 41 regulaciones de honorarios y 1 beneficio, que totalizan 1.401.

La sala dio trámite a 353 acciones, 385 fueron rechazadas in limine, 46 suspensión de efectos, 34 aclaratorias, 21 reposiciones, 38 caducidad, 1 nulidad, 33 desistimientos, 1 finiquito, 25 regulaciones de honorarios, 7 recusaciones, 4 disponer sin más trámites la devolución y 27 declaración de inoficioso, que totalizan 975.