El titular del Ministerio Público designó a las agentes fiscales Teresa Sosa, titular de la Unidad Penal N.° 20, y Juan Leonardi Guerrero, titular de la Unidad Penal N.° 17, ambos de la Sede 1 de Asunción, para llevar adelante la investigación.

La coordinación y dirección del equipo de trabajo fue encomendada a Teresa Sosa, mientras que el fiscal adjunto Augusto Salas tendrá a su cargo la supervisión de las diligencias investigativas orientadas al esclarecimiento de los hechos denunciados y al eventual ejercicio de la acción penal pública.

La medida fue adoptada tras una denuncia presentada el 19 de junio de 2026 por el MEC, luego de que verificaciones realizadas por la Dirección General de Gestión y Desarrollo del Personal detectaran presuntas inconsistencias en títulos académicos presentados ante la cartera educativa.

A raíz de esos controles, la documentación fue remitida a la Dirección General de Asesoría Jurídica del MEC, que comunicó el caso al Ministerio Público y solicitó el inicio de una investigación penal. En la presentación se individualiza a unas 145 personas cuyos títulos académicos presentarían irregularidades que ahora serán objeto de análisis por parte de la Fiscalía.

La denuncia fue promovida por Juan Manuel Arce Leiva, director general de Asesoría Jurídica del MEC, bajo patrocinio del abogado Benito Judice Martínez, jefe del Departamento de Control de Juicios Civiles, Garantías Constitucionales y Procesos Penales de la institución.