El expediente fue remitido al Tribunal de Apelación Especializado para el estudio de la apelación en subsidio.
La defensa de Amilcar Battaglia Olga Reichardt De Souza y Alexandre Reichardt De Souza, argumentó que solo tuvieron conocimiento de los hechos a través de los medios de prensa, “ya que en ningún momento fueron citados por el Ministerio Público para ser oídos y jamás fueron notificados de ningún trámite, ni de la imputación, y en estas condiciones, resulta imposible el ejercicio cabal de la defensa en juicio en favor de nuestros defendidos. Que, la fijación de audiencia para el estudio de las medidas cautelares, ha sido bajo la inobservancia de los principios constitucionales del debido proceso y la defensa en juicio”.
Cuestionó además que de manera arbitraria, fue clausurada la empresa CERÁMICA ITAPOPO SOCIEDAD cuyo director es Alexandre Reichardt. Por lo expuesto, la defensa solicita revocar la providencia recurrida y dejar sin efecto la fijación de audiencias para el estudio de las medidas cautelares.
En su resolución, el juez sostiene que al convocar a los procesados para estudio de medida cautelar no se comete ninguna arbitrariedad.
“La defensa se agravia diciendo que no fue citada previamente por el Ministerio Público para ser oídos y mucho menos conoce de qué se trata esta imputación para por lo menos preparar su defensa; en ese sentido cabe resaltar que esta defensa en ningún momento antes de dictado ese proveído que hoy cuestiona se ha presentado en autos a solicitar su aplazamiento para acceder a las copias del expediente judicial lo cual constitucionalmente le es permitido en cualquier momento procesal, pero sin embargo no lo hizo de donde no es causal de agravio contra el proveído cuestionado”, expone.
La defensa de Angela María Kunrath también interpuso el recurso con los mismos argumentos, es decir alegando que no fue citada previamente por el Ministerio Público para ser oída y mucho menos conoce de qué se trata esta imputación.
El magistrado resolvió en ambos casos no hacer lugar al recurso y remitió el expediente a la Cámara para el estudio de la apelación subsidiaria.
Estas personas están imputadas como presuntos colaboradores de la estructura criminal de lavado de activos provenientes del narcotráfico liderada por Jarvis Chimenes Pavão y su clan familiar.



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