Vega hizo énfasis en que el caso se basa sobre el convenio con Fucela que fue firmado durante la administración de Justo Cárdenas, es decir antes de que él asumiera la titularidad del Indert.

“Esta institución es la más manoseada por los políticos, en el sentido de ejercer presión política por el titular de turno. Yo firmaba todas las resoluciones en base a los dictámenes de los abogados de esta institución, porque atendiendo a la cantidad de expedientes que obran, me era imposible revisar hoja por hoja”, expresó.

Comentó que según la acusación, el director del Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (Fides), Julio Richardi, había objetado el desembolso del 50% que faltaba para la fundación Cerro Lambaré.

Refiere que a partir de esta objeción, se dictó una resolución que ordenó la aplicación de medidas cautelares para suspender el segundo desembolso; sin embargo la abogada Élida Escobar, de la Asesoría Jurídica, dictaminó el 14 de noviembre de 2018 que no correspondía aplicar medidas cautelares para suspender, “manifestando que la misma se trata de otro convenio” no el relacionado a la construcción de los pozos de agua.

El perito del Ministerio Público, en ambas construcciones de los sistemas de agua, arroja una diferencia de G 275 millones. “Es importante aclarar que estas construcciones fueron aprobadas durante la administración de Justo Cárdenas, año 2014 y aprobada por la Junta Asesora ese mismo año”.

“Yo jamás verifiqué en forma personal porque no era de mi competencia, las construcciones, para eso esa función se delega a directores y gerentes”, arguyó.

Agregó que las verificaciones fueron realizadas para autorizar el segundo desembolso, se realizaron antes de que asumiera la titularidad del Indert. “Si los informes de esas verificaciones son de contenido falso, en el supuesto caso, ya se escapa de mi posibilidad de asumir esa responsabilidad. El Ministerio Público insiste que las obras no fueron concluidas; en base en los documentos obrantes en el expediente fueron concluidos en 2016 y de que la Junta Asesora y de Control jamás me autorizó, pero le autorizó en 2014 al anterior presidente y eso no se puede dejar sin efecto, no se revocó”.

Entre otras cosas expuso que durante su administración, el Indert fue objeto de varios allanamientos porque él no cedía a presiones políticas. “Yo recibía seis a siete senadores de diferentes partidos, tengo nombre y apellido; recibía a hijos de ministros de la Corte, que me presionaban a pagar por alguna parcela de tierra, o sea por un título”.

Con la continuidad de la declaración de Vega, seguirá el viernes 14 de julio a las 8:30 horas el juicio a él y otros cuatro acusados.