La legisladora mantuvo un encuentro con representantes de gremios de jubilados y exfuncionarios estatales, quienes reclaman una respuesta ante la pérdida de disponibilidad de esos recursos.

Tras la reunión, Samaniego explicó que la alternativa consiste en revisar el artículo 158 del proyecto presupuestario y trabajar en una legislación especial que permita establecer mecanismos específicos para atender la situación de los fondos previsionales.

La iniciativa contempla que una comisión bicameral del Congreso elabore la propuesta con participación de técnicos y representantes de los distintos gremios afectados. El objetivo sería construir una solución legislativa que responda a las particularidades de la crisis y permita avanzar en la recuperación del dinero.

El artículo cuestionado establece disposiciones relacionadas con la inversión de los excedentes del fondo de jubilaciones del sector público. Por ese motivo, la parlamentaria considera necesario revisar su alcance y adecuarlo a las circunstancias actuales.

Samaniego sostuvo que el tratamiento debe realizarse antes de avanzar con la aprobación definitiva del presupuesto, pero aclaró que existe margen para encontrar una salida si hay voluntad política y coordinación entre ambas cámaras legislativas.

La senadora también dirigió un mensaje al Banco Central del Paraguay (BCP), al que instó a acelerar las gestiones para encontrar una solución a los recursos comprometidos. Cuestionó que las instituciones se limiten a cumplir los plazos administrativos sin considerar la urgencia que representa la situación para los afectados.

En ese sentido, recordó que anteriormente había reclamado celeridad en los procedimientos para devolver los depósitos de los ahorristas y sostuvo que la misma determinación debe aplicarse ahora para atender el dinero perteneciente a los jubilados.

La legisladora utilizó como ejemplo la rapidez con la que el Congreso llevó adelante el proceso de juicio político que terminó con la destitución de Santiago Peña, para insistir en que las instituciones pueden acelerar sus decisiones cuando existe voluntad de hacerlo.

El reclamo se produce en medio de las repercusiones de la resolución de Ueno Bank, que dejó bajo presión a distintos sectores que mantenían recursos depositados en la entidad financiera, entre ellos organismos públicos y fondos vinculados a la previsión social.

Samaniego insistió en que el presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2027 debe contemplar las necesidades reales de la población y responder a la emergencia que atraviesa el país. A su criterio, la recuperación de los recursos previsionales debe convertirse en una prioridad dentro de las decisiones del Congreso y del Poder Ejecutivo.

La propuesta abre un nuevo debate sobre la responsabilidad institucional en el manejo de los fondos de jubilación y sobre las herramientas legislativas y financieras disponibles para intentar recuperar los USD 40 millones comprometidos en la crisis de Ueno Bank.